Son derechos básicos de los consumidores y usuarios, los establecidos en el Art. 8 de la Ley para la Defensa de los Consumidores y Usuarios. Los poderes públicos deberán proteger de forma prioritaria estos derechos, cuando guarden relación directa con bienes o servicios de uso o consumo común, ordinario y generalizado.

La Ley para la Defensa de los Consumidores y Usuarios prevé la irrenunciabilidad de los mismos. Cualquier renuncia previa, será nula, como también los lo serán los actos realizados en fraude de ley.

Los derechos de consumidores y usuarios se regulan en el

Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios.

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